16 marzo, 2012

Los pros y contras de la reforma del Banco Central

Para los economistas del Consejo de Ciencias Económicas, los cambios son técnicamente viables, pero existen algunos “agujeros negros”, como el destino final que se hará de los aportes transitorios.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), defendido a uñas y dientes por la Nación y criticado de todas las maneras posibles por la oposición, no es ni tan bueno ni tan malo, al menos según la percepción que tienen los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE).

En lo conceptual el cambio no es objetable, hay que ver qué se hace con el dinero”, resumió la economista del Instituto de Economía del CPCE Mary Acosta, puntualizando que la única luz de alerta fuerte está relacionada con el financiamiento del sector público.

Como primera medida, Acosta señaló que hay dos aspectos que no son, de por sí, criticables dentro de la propuesta reformatoria del Estado nacional. El primero, es la pretensión de que el BCRA dependa de los objetivos que establezca el gobierno. “No es raro que un gobierno ponga el objetivo. Y de hecho, un Banco Central completamente independiente corre riesgo de ser cooptado por el sistema financiero”, explicó.

El otro ítem en cuestión es la decisión de que las reservas no sigan respaldando el 100% del dinero circulante, algo que se usa en todo el mundo donde, más bien, el concepto que predomina es que las reservas respaldan entre el 10% y el 20% del circulante. Suponiendo este último caso, Argentina necesitaría este año un respaldo de alrededor de US$ 16.000 millones, cuando su nivel de reservas supera los US$ 46.000 millones.

Es por eso que, para los técnicos del CPCE, “la posición en reservas de Argentina no es mala. En todos los casos, los datos son positivos y tienen margen de acción. Técnicamente la reforma está bien planteada y no es ilógico lo que se está haciendo”.

Por tal motivo, la economista insistió en que el punto crucial es para qué se usará el financiamiento. El “agujero negro” de la reforma está, pues, en los cambios que ocurrirían con los adelantos transitorios. Concretamente, la actual carta establece que el Central puede prestar al Tesoro el 12% de la base monetaria para gastos corrientes y hasta el 10% de la recaudación anual para la cancelación de deuda, que se devuelven en 12 meses. La reforma propone que esos porcentajes se presten sin condicionamientos y que, en situaciones excepcionales, el 10% de la recaudación pase al 20% y a 18 meses.

“No se puede decir que la reforma de la carta orgánica está mal, pero es imposible que la arbitrariedad aplicada para la utilización de los adelantos transitorios no despierte ciertas suspicacias”, finalizó Acosta.
 

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